Cuando muchos países ya estaban en la senda de la recuperación económica tras el impacto de la crisis del 2008-2015, una nueva crisis socioeconómica en ciernes augura un porvenir con grandes dificultades para las economías y sociedad de todo el mundo. La pandemia provocada por el SARS-COV-19 ha tenido efectos devastadores para la capacidad productiva de los países y para la gestión de los cambios que ha producido en la estructura productiva y en el empleo; particularmente se han visto afectados los sistemas sanitarios que han soportado continuas pruebas de estrés y que han puesto de relieve la importancia del robustecimiento de los mismos ante amenazas de carácter biológico. Ha afectado también prácticamente todos los comportamientos sociales al intervenir la esencia de las sociedades, esto es la interacción social, y a su vez ha impactado sobre la manera de hacer política y ha tensionado las relaciones internacionales como consecuencia del cierre de fronteras y de la gestión que ha supuesto la carrera por la búsqueda de una vacuna efectiva, de su producción y su distribución. En el plano del ordenamiento jurídico, los países se han tenido que enfrentar a nuevas situaciones que han requeridos ajustes jurídicos y de la promulgación de nuevas normativas que han tenido también implicaciones sobre la economía y la movilidad. Sin embargo y a pesar de la pandemia, las estructuras sistémicas de las sociedades han aguantado el embate de las amenzas derivadas de una situación desconocida por las generaciones vivas de los países desarrollados, ya que las crisis sanitarias son frecuentes en otras zonas del planeta. Este hecho pone de relieve también una mirada etnocéntrica, al ignorar el impacto de las amenazas biológicas que soportan amplias zonas del planeta que no cuentan con recursos adecuados ni suficientes.